Costa afuera: Empresas, derrames y el proyecto petrolero en Argentina

Para Fernando Halperin, Coordinador del Plan de Comunicaciones del Instituto Técnico de Petróleo y Gas (IAPG), el cual representa a empresas fósiles en Argentina, las denuncias actuales en contra del offshore son infundadas, ya que la capacidad técnica actual es “mucho más avanzada que lo que tenían hace 10 años”.

En el último tiempo, las compañías han puesto un fuerte desarrollo en generar protocolos de contención, especialmente después del caso del pozo Macondo en el Golfo de México hace 12 años. Los resultados del incidente fueron trágicos y los intentos de mitigación realizados por la compañía British Petroleum -principal responsable- fueron insuficientes, según denunció el mismo estudio de Oceana.

América Latina ha sido protagonista de algunas catástrofes que involucran a la explotación petrolera y a la contaminación marina. De los más representativos son el derrame en la Península de Paria y el río Guarapiche, en Venezuela, el derrame y fuga que sufrió la costa brasileña en 2019, o el más reciente caso de derrame en la refinería de Repsol, en las costas del centro de Perú a inicios del año.

Víctor Quilaqueo, especialista en offshore del Observatorio Petrolero Sur (OPsur), sostuvo que si bien el derrame es uno de los impactos más visibles, hay otros menos resaltados, pero igual importantes. “Existen emisiones gigantescas por fugas de gas como el caso del golfo de México el año pasado”, afirma.

Según un reporte del proyecto Copernicus, en general la industria libera dióxido de nitrógeno que puede provocar lluvia ácida, u ozono.

Estudios indican también que el sonido emitido por los cañones de aire que se usan para la exploración offshore pueden afectar a los seres vivos en el mar. “Estos estruendos emitidos a diferentes frecuencias pueden afectar ciclos reproductivos, alimenticios y orientativos”, explicó a Diálogo Chino, Michell Havlik, doctora en bioacústica marina en la Universidad de Kaust, en Arabia Saudita.

Halperin indicó que la industria está enterada de esta situación y que ha implementado métodos para reducir el impacto. “Se llama arranque suave. Empezamos con un estruendo sutil y vamos aumentando la potencia progresivamente para que, si hay algún cetáceo o cardúmenes de peces empiecen a sentirse molestos y se alejen en el mar”, explicó el representante de IAPG.

Entre 25 y 30 años es el tiempo calculado que la explotación offshore duraría hasta que los pozos de hidrocarburos se agoten o dejen de ser rentables. Esto siempre implica que hay un final y que todo lo que se desarrolló terminaría por quedar sin uso. “Gran parte de la infraestructura en los pozos se desarman”, apuntó Halperin. Otro porcentaje, según denuncian organizaciones, queda como activos varados o cascarones vacíos.

Un reporte de la Iniciativa de Divulgación de Activos y Cambio Climático de Colombia (Ccadi por sus siglas en inglés) advirtió que en poco tiempo esta maquinaria no aportará a la producción, consecuencia de la descarbonización del mercado por los compromisos climáticos.

Pero para OPsur, no solo es el gasto en la infraestructura lo que puede afectar a la economía y a la población. “Todos estos impactos afectan especialmente a las actividades en las regiones costeras. El turismo y la pesca pueden ser de las principales actividades de la zona se ven opacadas”, explicó Quilaqueo.

Halperin piensa que esto es una exageración. “Estamos a 300 kilómetros de la costa, ni siquiera se ven las plataformas”, replicó el representante de IAGP.

Sin embargo, la construcción de puertos, refinerías, centros de acopio de los hidrocarburos, tendido de ductos, de caños y también de rutas de ocupación exclusiva para la industria pueden desplazar actividades económicas ya instaladas en el lugar además de despojar a esa población de una zona en uso.

El país en donde el offshore se instala

Aunque hay poca información, es un hecho que el país ha tenido derrames petroleros en el océano. En un pedido de acceso a la información pública realizado por Diálogo Chino a la Prefectura Naval en junio, se informó que hubo al menos 17 derrames registrados entre el 2016 y 2022. Estos datos coinciden con un estudio hecho durante ese periodo por parte de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) que tiene un sistema de monitoreo de derrames en costas.

En su compromiso de cambio climático, la llamada contribución determinada a nivel nacional (NDC, en inglés), el gobierno argentino plantea un escenario al 2030 en donde se de un crecimiento simultáneo de los combustibles fósiles, especialmente el gas natural, y de las energías renovables no convencionales.

Sin embargo, desde la asunción del presidente Alberto Fernández no se han hecho nuevas licitaciones públicas a parques solares y eólicos.

“No basta solo con tener una meta a 2030 o 2050, es fundamental elaborar una hoja de ruta para lograrlo”, apuntaron en el último Informe Ambiental de FARN Pía Marchegiani y Andrés Napoli, los directores de la organización. Esta exigencia es la cara de una disyuntiva que orbita entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Energía, con un peso diferencial inclinado al segundo.

De un lado, está la pretensión de generar, de forma acelerada, divisas para resarcir la crisis económica de Argentina. Y del otro lado, está la generación de políticas concretas para implementar una transición energética, regular la producción de hidrocarburos, y cumplir con la reducción de emisiones.

“En el marco de un Estado que promueve el avance de hidrocarburos la capacidad de fiscalización, de control, o de regulación es muy limitada”, reconoció Quilaqueo.

Una de las últimas declaraciones sobre el tema del ministro de Economía, Sergio Massa desde Neuquén fue la de una generación de medidas para acelerar la producción hidrocarburífera.

Tal es el caso de la apertura a la inversión de las empresas TotalEnergies, Pan American Energy (PAE) y Wintershall Dea que invertirán $700 millones de dólares para avanzar con la construcción del proyecto hidrocarburífero, Fénix, en el mar Austral. Por otro lado, adelantó que firmará en breve la prórroga de las concesiones de Oldelval y Oiltanking-Ebytem para apuntalar inversiones por $1400 millones de dólares para ampliar el sistema de oleoductos desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca.

En una reciente entrevista, la secretaria de Cambio Climático de Argentina, Cecilia Nicolini habló de las dificultades para llegar a un consenso en la estrategia de descarbonización del país al 2050, un complemento de la NDC al 2030 y algo a lo que se había comprometido Argentina a presentar en la 26 Conferencia de las Partes (COP26) sobre cambio climático, celebrada en la ciudad escocesa de Glasgow el año pasado.

Si bien habla de colaboración con la Secretaría de Energía, Desarrollo Productivo y Agricultura no ha adelantado ninguna concreción ni con la anterior administración, ni con la actual.

Incluso con la COP27 a la vuelta de la esquina, no hay definiciones sobre esa estrategia, pero anuncian que será presentada en dicha cumbre, a celebrarse en Egipto en noviembre.

Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino.

RV: EG