Desaparecidas en Uruguay: 30 años de desidia estatal ante indicios de trata sexual
Mientras tanto, las familias de las mujeres desaparecidas siguen buscando sin descanso a sus hijas y hermanas. Empapelan las calles con sus fotos, organizan protestas, piden información a cualquiera que crean que pueda saber algo.
“Yo no sé si la policía buscó a mi hija. Sabemos que nadie desaparece porque sí”, dice la madre de Yamila Estévez, Beatriz. “Con el dolor en el alma esperamos encontrar una solución, una noticia, alguien que nos diga algo; el estado que responda”.
En junio de 2022, las madres pensaron que su suerte podía cambiar cuando Alicia Ghione fue nombrada fiscal de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia de género en la misma fiscalía montevideana que tramitaba su denuncia colectiva. Ghione, experta en violencia de género, viene investigando la trata de personas desde 2008, cuando Uruguay comenzó a desarrollar una política sobre este crimen.
La fiscal dijo a openDemocracy que la trata no debía descartarse como posible motivo de la desaparición o muerte de las mujeres hasta que no se investigue a fondo.
Las circunstancias en las que desaparecieron estas jóvenes hacen probable, según Ghione, que «quienes les vendían droga hayan terminado convirtiéndose en sus explotadores sexuales, porque hacen un negocio ofreciendo [a las jóvenes] a un amigo, a un vecino… terminan eligiendo a un grupo de estas chicas para ofrecerlas a clientes, y las sacan del país».
Como resultado, «acaban en una red de explotación y trata más que de trabajo sexual, porque [aunque] no son menores de edad, no es que tengan elección ni derechos», explicó.
Sin embargo, desde que se hizo cargo del caso en 2022, el equipo de Ghione no ha logrado ningún avance.
La trata sexual en Uruguay
La trata sexual tiene raíces profundas en Sudamérica; la gran mayoría de las víctimas son mujeres (87 %) y niñas (11 %), según el último informe (2022) de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. ONU Mujeres advierte por su parte de que «el soborno de funcionarios y la corrupción política que llega hasta los niveles más altos del poder ejecutivo, legislativo y judicial… son cruciales para el éxito de los tratantes de personas».
El informe de 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos clasifica a Uruguay como país de origen, tránsito y destino de personas sometidas a la trata y afirma que el estado no ha cumplido plenamente las normas mínimas para eliminar este delito.
Organismos encargados de hacer cumplir la ley del continente americano reconocen la actuación deficiente de Uruguay en la lucha contra la trata de personas.
El país cuenta con una sólida legislación para proteger a niños, niñas y adolescentes y para combatir y prevenir la violencia de género, la explotación y la trata. Sin embargo, «existe una gran brecha entre cómo están redactadas las políticas públicas y lo que ocurre en los territorios», afirma Sandra Perroni, que trabaja para El Paso, la organización que presta asistencia pública a las sobrevivientes de la trata.
El Paso asiste a víctimas de trata desde hace más de una década. En 2022, el servicio atendió a 210 personas, de las cuales 69 eran casos nuevos. En el mismo periodo, solo dos investigaciones judiciales sobre trata (en las que estaban implicadas nueve víctimas) condujeron a alguna condena, y 20 fueron archivadas, según informó la fiscalía a openDemocracy.