La apuesta de Petro por «la paz total» en Colombia
También se necesita una dosis de realismo político para que que estos diálogos –y ojalá negociación– aterricen a las necesidades regionales con transformaciones para implementar en el corto, mediano y largo plazo, acompañando ceses al fuego sostenidos y verificables.
A ello se suma el momento organizacional por el que atraviesa el ELN y los retos que suponen su injerencia binacional, unidades posiblemente más degradadas, si hay o no unidad de mando y los procesos de toma de decisión interna propios de una organización político-militar que aún no conocemos y muchos análisis incurren en el error de equipararla con las antiguas FARC-EP. Todo lo anterior llevará a decidir si se negocia con toda o parte de la organización.
Un tercer elemento son las medidas relacionadas con las disidencias de las antiguas FARC-EP y con el sometimiento a la justicia de otros grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Frente a las primeras, este es un fenómeno que lleva seis años de evolución, fragmentado, sin un proyecto común y que se ha convertido en una de las principales fuentes de violencia, por ejemplo, contra excombatientes.
Se ha pensado en que haya una reincorporación de estos grupos al marco del Acuerdo de Paz de 2016. Este llamado a volver al redil quizá sea fantasioso teniendo en cuenta que la ventana de oportunidad que hubo hace unos años ya se cerró.
Además, estos grupos tienen múltiples liderazgos que se retiraron del proceso de paz, al que tildaron de “traición”, hoy en día se enfrentan entre sí y muchos se han reivindicado como los continuadores de las antiguas FARC-EP.
Claramente, estos grupos no serán reconocidos políticamente, ni serán sujetos de una nueva negociación, pero es positivo que el gobierno electo reconozca que este es un problema político que requiere soluciones políticas y jurídicas que trasciendan las cortoplacistas como la captura de cabecillas o minimizarlos a carteles del narcotráfico.
Con respecto a las AGC, he sostenido que el sometimiento no se puede limitar al aparato armado, sino que, ante todo, debe considerar los vínculos de esta con sectores públicos y privados, y que fueron instrumentales en doble vía.
Las AGC recogen muchas trayectorias y legados de la guerra en Colombia. Minimizarlos a un grupo de cabecillas, sin tener en cuenta sus redes, lógicas de tercerización con diferentes actores armados y alcances transnacionales, el país caerá en un nuevo sometimiento o “paz chiquita” sin transformación real alguna.
El presidente electo ha dado puntadas sobre este tema y ha planteado la necesidad de reformar el marco legal para el sometimiento a la justicia y permitir el sometimiento colectivo con garantías para las víctimas y de seguridad para quienes se sometan y develen las verdades que el país debe conocer en clave de aplicación de justicia y de garantías no repetición, en especial, acerca de quienes se han beneficiado de este grupo armado y el paramilitarismo en general. Un reto nada menor.
Finalmente, a estos elementos se suman líneas estratégicas que harían de las “paces chiquitas” una agenda de paz más integral. Son importantes los diálogos que sostendrá con sectores y adversarios políticos que no se limitan a las mayorías legislativas y que podrían impulsar deudas pendientes con el país como las agendas de convivencia, no estigmatización y (re)conciliación.
También está el apoyo al sistema de justicia transicional al que le debe garantizar su independencia y robustez financiera.
Igualmente, está la reforma al sector seguridad, mencionada en las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, que deberá recoger las transformaciones que se han venido dando en los últimos 20 años, fortalecer el liderazgo civil, buscar la construcción de confianza entre la sociedad y el Estado (la fuerza pública registra los peores índices de aprobación en su historia) y asumir los pasados abusivos, entre otros aspectos.
De igual manera, se debe impulsar el cambio del paradigma de la seguridad, que debe velar por el control territorial según los tipos de amenazas y basarse en los principios de prevención y protección, así como abandonar las lógicas de estigmatización.
Es claro que el presidente electo ha observado y ha sido crítico de la situación de seguridad, y reconoce la necesidad de una paz no limitada a acuerdos entre organizaciones armadas. Semana tras semana el contexto político se torna más favorable para que su apuesta se lleve a cabo.
Muchos esperamos que Petro sepa sortear los obstáculos y saboteadores –incluidos los que ya lo han buscado para la foto, los que quedarán en su gabinete– y nos deje contemplar la ilusión de una Colombia que puede salir del eterno debate entre paz y guerra.
Este artículo se publicó originalmente en democraciaAbierta.
RV: EG